Inseguridad persistente

Sinfopress


Si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en los primeros dos días de su mandato se habían cometido menos homicidios, lo cierto es que ese dato es difícilmente corroborable, por sí mismo no significa nada, particularmente no puede ser atribuido al nuevo titular del Ejecutivo federal, ya que en los días sucesivos la violencia mantuvo su escalada, aunque volvió a salir a decir lo contrario.
Aun cuando los datos oficiales completos sobre incidencia delictiva de todo el año estarán disponibles hasta el próximo 20 de enero de 2019, ya sabemos que 2018 cerrará como el año con la mayor tasa de homicidio doloso de los últimos 22 años; el registro negativo incluye el récord en narcomenudeo desde que se cuenta con cifras públicas y varios delitos mostrarán aumentos significativos y tendencias al alza.
Ante este escenario, 2019 podría presentar retos importantes en materia de seguridad y justicia, especialmente si se toma en consideración que muchos de los nuevos acto-res relevantes del nuevo gobierno no cuentan con experiencia en la materia, que las transformaciones que plantea el presidente ya se han probado con muy pobres resulta-dos, los recortes presupuestarios que afectarán a entidades y municipios, un legislativo particularmente ocurrente en propuestas que generan preocupación hasta del mismo López Obrador, los cambios de gobierno en entidades que registran preocupantes niveles de inseguridad como Veracruz, Tabasco, Puebla, Jalisco, Ciudad de México, Guanajuato, Morelos y las elecciones de Baja California, una entidad que vive su peor crisis de violencia.
Con base en la información de la que disponemos hoy podemos asumir que:
El homicidio doloso seguirá creciendo, aunque probablemente el porcentaje de in-cremento sea menor al que hubo entre 2017 y 2018.
Narcomenudeo, robo con violencia, el robo a transportistas, robo de hidrocarburo, ex-torsión y robo de identidad, mantendrán un comportamiento al alza.
La dispersión territorial del delito se mantendrá e incluso aumentará.
A raíz de las inversiones en el sureste veremos incrementar los delitos, incluso en entidades que suelen ser consideradas más pacíficas como Chiapas y Yucatán.
La tensión entre el Ejecutivo y Poder Judicial de la Federación se mantendrá, incluso se buscarán formas para revertir el sistema de Justicia Penal Adversarial y regresar a prácticas del sistema inquisitorio.
Algunos descensos de delitos serán usados como bandera y supuesta evidencia que las decisiones del Ejecutivo federal son acertadas.
Sorprende la insistencia por desarrollar una Guardia Nacional con mando militar, que canibalizará a la Policía Federal y a la Policía Federal Ministerial.
En el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) se propusieron acciones como el fortalecimiento, crecimiento del número de efectivos y profesionales y la depuración de las instituciones civiles de seguridad y justicia; el uso de información para la prevención y reacción; reactivar Plataforma México y superar su rezago tecnológico; la priorización al combate a ciertos delitos; la reconstrucción del tejido social; la transformación de otras instituciones que coadyuvan en labores de seguridad para fortalecer el trabajo de la actual administración federal.
Sorprende que no todas las propuestas pronunciadas en campaña o en los Foros de Escucha fueron recuperadas en el Plan Nacional, de hecho, no hay mención de los siguientes temas:
• La sustitución de cultivos ilegales
• Atención a víctimas.
• Destinación de los recursos incautados a programas de prevención social y reparación del daño.
• Contraloría Ciudadana con autonomía funcional.
• Plan de independencia tecnológica.
• Creación de un órgano superior de inteligencia.
• Propuestas dirigidas a la figura policial (rediseño de la carrera policial acorde con el Sistema de Justicia Penal Adversarial, enseñanza de nueva ética policial, etc.).
• Inflexión de los índices de violencia en un plazo no mayor a los 180 días.
• Cambio del paradigma de uso exclusivo de la fuerza por el de seguridad humana.
• En el tratamiento de las adicciones, se mencionó que se pondría especial énfasis en los consumidores de cristal por los efectos violentos que genera.
• Búsqueda de una participación más eficaz y comprometida del gobierno de los Esta-dos Unidos en el mercado de armas.
• Política de cero tolerancia que tendrá entre sus principales acciones el gobierno federal como la depuración de las administraciones y la erradicación del influyentismo sobre todo en las áreas de seguridad y justicia.
Algunas de las propuestas que permanecen preocupan más que otras: la militarización de la seguridad pública y la amnistía generalizada.
En el primer caso sorprende la insistencia por desarrollar una Guardia Nacional con mando militar, que canibalizará a la Policía Federal y a la Policía Federal Ministerial en abierta contradicción con el discurso de campaña y con 12 años de posturas en contra el uso de las fuerzas armadas en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto; al tiempo que con esta decisión ignora las recomendaciones de expertos nacionales e internacionales -incluso de aquellas instituciones como Naciones Unidas y Comisiones de Derechos Humanos que en campaña prometía invitar a ser observadores en México lo cual es considerado como un grave error por el Observatorio Nacional Ciudadano.
++
PIE..
Difícil corroborar las cifras del presidente en cuanto a la baja en homicidios dolosos en el país.