Ganar más aún que sean fifís


El Poder Judicial de la Federación (PJF) mantiene una batalla con la “Cuarta Transformación” para impedir que sus salarios sean reducidos, entre otras acciones que Morena está promoviendo en el Congreso.
Sinfopress


A través de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF se promovió un amparo en el que se alega la reducción de sueldo establecida en la ya aprobada Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que entrará en vigor en enero de 2019, es contraria a la Constitución.
“El Poder Judicial goza de autonomía para disponer de sus recursos, por lo cual no tiene obligación de someter al escrutinio del Poder Legislativo las remuneraciones que asigne a jueces y magistrados federales”, dice el documento difundido por la prensa.
La acción de inconstitucionalidad que promovió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos fue admitida a trámite por el máximo tribunal del país.
También la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó en un comunicado que el ministro Alberto Pérez Dayán admitió la impugnación contra la normativa, publicada el 5 de noviembre y la cual establece que ningún funcionario podrá ganar más que el presidente de la República, salvo algunas excepciones.
La CNDH solicitó además que se revise el procedimiento legislativo que dio origen a la ley, por lo que el ministro Pérez Dayán fijó un plazo de 15 días para que el Congreso y el Poder Ejecutivo rindan sus informes sobre la legislación.
El organismo argumentó en un comunicado que la ley viola 10 derechos humanos, principios legales y garantías, entre ellos los de igualdad, no discriminación y remuneración anual irrenunciable y proporcional a las responsabilidades.
"La CNDH estima necesario que las remuneraciones de los servidores públicos sean reguladas de conformidad con el sistema constitucional mexicano en su integridad (...) la ley no desarrolló, de acuerdo con el texto constitucional, los parámetros o reglas indispensables para hacerla efectiva, entre otras problemáticas", señaló.
La acción recoge planteamientos y opiniones que aportaron más de 1,190 personas.
Hasta el cierre de la edición, se habían interpuesto 512 demandas colectivas tramitadas por dos mil 835 personas: 331 jueces, 366 magistrados, mil 37 secretarios de juzgado, 215 actuarios, 514 oficia-les y 372 servidores públicos de distintas dependencias.
AL CALCE
En el recurso presentado también se denuncian las reformas que se pretenden hacer la Ley Orgánica del Poder Judicial impulsadas por Morena, como son:
Sujetar el ingreso y la promoción en la carrera judicial.
Someter a los integrantes del PJF a pruebas de polígrafo.
Establecer controles de patrimonio y entorno social.
La resolución de los amparos incluyen a 2,194 quejosos, entre ellos 291 jueces y 323 magistrados de circuito.
En el amparo se señala que estas reformas son “ataques sistemáticos” de Morena y cuestiona si estos responden a un interés político.
“(Los ataques) detonan otra intención: la cooptación del Poder Judicial por parte del Ejecutivo para disminuir controles a la concentración del poder que se evidencia por medio de la actual conformación del Congreso”.
Fuentes del Poder Judicial dijeron que la cifra podría escalar rápidamente entre los 1,429 puestos más altos de la judicatura: ministros de la Suprema Corte, magistrados y jueces de distrito, consejeros de la judicatura y magistrados electorales.
En noviembre pasado, la magistrada Sonia Rojas, del Tribunal Colegiado del Decimosegundo Circuito, consiguió un amparo para que su salario no se vea afectado. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la impugnación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra dicha legislación.
En su acción, la CNDH solicita a la Corte declarar la invalidez de los artículos 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de dicha ley, así como los artículos 217 Bis y 217 Ter del Código Penal Federal, que son parte del mismo decreto.